Adler alertó sobre la amenaza terrorista y el delito organizado en Argentina

El consultor en seguridad internacional Daniel Adler trazó un diagnóstico preocupante sobre la situación de Argentina frente al terrorismo y el delito organizado.

Alerta por terrorismo e infiltración
Adler sostuvo que los conflictos internacionales tienen impacto directo en Latinoamérica debido a la infiltración de unidades revolucionarias extranjeras en países vecinos. Recordó que el país fue históricamente un objetivo del régimen de Irán y mencionó como antecedentes los atentados de 1992 y 1994.

Además, advirtió sobre la presencia activa de células de Hezbolá en zonas de triple frontera y señaló la relación de gobiernos regionales como Bolivia y Venezuela con el país persa. “Debemos reconocer que la presencia del terror en suelo argentino es algo frecuente y la posibilidad de un atentado es algo activo”, afirmó.

Delito organizado desde las cárceles
Uno de los puntos más críticos de su análisis fue la criminalidad intracarcelaria. Según Adler, el 65% de la planificación delictiva en el país se realiza desde el interior de las prisiones.

En particular, cuestionó la situación en la provincia de Buenos Aires, donde —según indicó— el uso de teléfonos celulares es lícito, lo que permite que internos de alta peligrosidad mantengan líneas activas para coordinar delitos.

Como solución, propuso la instalación de inhibidores de señal en los perímetros carcelarios. Calificó la medida como “fácil, rápida y económica” y aseguró que cerrar el espectro radioeléctrico en las prisiones es una decisión política que podría neutralizar buena parte del delito organizado sin necesidad de grandes operativos.

Una estrategia integral
Finalmente, el especialista remarcó que la “mano firme” represiva representa solo la mitad de la solución frente a la inseguridad. Para lograr resultados sostenibles, planteó una estrategia dual que combine control policial con políticas de inclusión y reconstrucción del tejido social.

En ese sentido, sugirió un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad y áreas de Capital Humano para promover educación financiera, resiliencia y oportunidades laborales entre los jóvenes, con el objetivo de evitar que caigan en redes de narcoterrorismo.