Alerta por una nueva modalidad de estafa que usa a víctimas como intermediarios

En una reciente entrevista en Cordoba Federal, el Dr. Carlos Richeri alertó sobre una sofisticada modalidad de estafa que crece de manera exponencial y que se apoya en el uso involuntario de terceros para triangular dinero proveniente de delitos informáticos.

Según explicó, la maniobra comienza cuando una persona recibe una transferencia bancaria inesperada. Poco después, el estafador se comunica alegando un supuesto error y apelando a la buena fe de la víctima, con excusas que suelen incluir urgencias médicas o familiares con dificultades para manejar la tecnología.

El objetivo es que quien recibió el dinero lo reenvíe a otra cuenta indicada por los delincuentes. Sin embargo, ese monto no pertenece al estafador, sino que es el resultado de otra estafa realizada en paralelo a una tercera persona. De este modo, los criminales logran desviar el dinero sin exponerse directamente.

Richeri advirtió que el principal riesgo radica en la trazabilidad bancaria. Desde la perspectiva judicial, el primer responsable que aparece es el titular de la cuenta que recibió y transfirió el dinero, lo que puede derivar en imputaciones, procesos judiciales prolongados y elevados costos legales para alguien que actuó de buena fe.

Además, explicó que esta modalidad permite a los delincuentes ocultar su rastro digital, ya que operan desde los dispositivos y direcciones IP de las víctimas antes de convertir el dinero en criptomonedas.

Para evitar quedar involucrado en una causa penal, el especialista recomendó informar de inmediato al banco ante cualquier transferencia sospechosa, realizar una denuncia o exposición policial y, bajo ningún concepto, devolver el dinero por cuenta propia. La reversión de la operación debe realizarla exclusivamente la entidad bancaria.

Finalmente, Richeri remarcó que los estafadores suelen actuar los viernes y fines de semana, cuando la atención presencial de los bancos es limitada, y subrayó que “es preferible atravesar un trámite administrativo antes que enfrentar un proceso judicial que puede durar meses”.