Córdoba impulsa la figura del “Coordinador de Parentalidad” para resolver conflictos familiares

Un proyecto impulsado en la Legislatura de Córdoba propone crear y reglamentar la figura del Coordinador de Parentalidad, una herramienta destinada a intervenir en situaciones de alta conflictividad entre padres separados y evitar que las disputas por cuestiones cotidianas se prolonguen en los tribunales.

La iniciativa es promovida por el legislador Matías Chamorro, junto con referentes de la academia, profesionales especializados en derecho de familia y representantes de colegios profesionales. El objetivo es brindar una alternativa ante aquellos casos en los que los desacuerdos entre los progenitores se transforman en conflictos crónicos y requieren una intervención permanente.

Según explicó Chamorro, las dificultades económicas y el desgaste de los vínculos familiares pueden profundizar las diferencias entre los adultos, generando discusiones por cuestiones como el régimen de comunicación, los gastos escolares, las actividades deportivas, las vacaciones o la participación de los hijos en cumpleaños y otros eventos.

En ese contexto, el Coordinador de Parentalidad actuaría como un profesional especializado encargado de facilitar el diálogo y ayudar a organizar la dinámica familiar. Para ello, podría entrevistarse con ambos progenitores, analizar el entorno del menor y mantener contacto con otros actores vinculados a su vida cotidiana, como autoridades escolares.

La propuesta establece que el interés superior de los niños sea el eje central de cada intervención. La intención es que los conflictos entre los adultos no terminen afectando el desarrollo y bienestar de los menores.

Una herramienta auxiliar de la Justicia

De acuerdo con el proyecto, el Coordinador de Parentalidad funcionaría como una política pública auxiliar del Poder Judicial. La intervención no reemplazaría a los jueces, sino que sería una herramienta a la que podrían recurrir cuando los mecanismos tradicionales resulten insuficientes para resolver determinadas situaciones.

La propuesta contempla que sean los propios jueces quienes determinen, luego de evaluar cada caso, si corresponde la participación de un coordinador de parentalidad.

El modelo toma como referencia experiencias desarrolladas en países como Estados Unidos, Canadá y España, además de pruebas piloto implementadas en distintas provincias argentinas, entre ellas Salta, Neuquén y Córdoba.

Desde el impulso de la iniciativa sostienen que la reglamentación permitiría avanzar hacia un sistema de resolución de conflictos familiares más ágil y cercano, especialmente en aquellas situaciones donde las disputas se repiten y terminan generando una permanente judicialización.

El proyecto busca así que Córdoba avance en la incorporación de una herramienta orientada a descomprimir los tribunales, reducir la conflictividad familiar y proteger a los niños frente a disputas prolongadas entre sus progenitores.