Crece la presión social contra cambios en la Ley de Glaciares

En una jornada calificada como “histórica” pero también “bochornosa” por referentes ambientales, la sociedad argentina expresó un contundente apoyo a la preservación de los recursos hídricos. La audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados reunió a más de 104.000 inscriptos, reflejando la creciente preocupación frente a una posible modificación de la Ley de Protección de Glaciares.

Diego Salas, director de programas de Greenpeace para Argentina, Chile y Colombia, destacó la magnitud de la convocatoria y advirtió sobre los riesgos de avanzar con una reforma. Según explicó, la legislación vigente —sancionada hace 15 años tras un amplio debate— establece que la protección de los glaciares debe basarse exclusivamente en criterios científicos.

Sin embargo, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone trasladar esa decisión al ámbito político, habilitando que funcionarios definan qué cuerpos de hielo son considerados relevantes. “Estamos hablando de reservas estratégicas de agua dulce de las que depende la vida de al menos un tercio de las cuencas hídricas del país”, remarcó Salas, señalando que más de 7 millones de personas y numerosas economías regionales podrían verse afectadas.

Otro de los puntos críticos es la cercanía de proyectos mineros a zonas glaciares. Según denunció el referente ambiental, algunas iniciativas ya se encuentran ubicadas en áreas lindantes a estos ecosistemas, a la espera de cambios legislativos que habiliten su explotación. En ese sentido, rechazó la idea de que la ley sea un obstáculo para el desarrollo, al aclarar que la normativa actual protege apenas el 1% del territorio cordillerano.

Pese a la masiva participación ciudadana, Salas cuestionó la actitud de algunos legisladores durante la audiencia. Denunció que hubo falta de respeto hacia los expositores, señalando que “mientras la gente hablaba, diputados se les reían en la cara”, y que la atención estuvo centrada principalmente en los representantes del sector minero.

Finalmente, advirtió que, aunque las audiencias públicas no son vinculantes, el costo social y político de avanzar contra la protección de los glaciares podría ser significativo. “El agua nos está uniendo a los argentinos y no vamos a bajar los brazos hasta que las reservas sigan protegidas”, concluyó.