Judiciales denuncian una pérdida salarial del 40% y profundizan el plan de lucha

El conflicto entre los empleados judiciales y la Provincia de Córdoba atraviesa un nuevo capítulo luego de las recientes medidas de fuerza impulsadas por el gremio y la decisión del Ejecutivo provincial de descontar los días de paro a los trabajadores que adhirieron a la protesta.

En diálogo con Punto a Punto, el referente gremial Pablo Sabas sostuvo que el principal reclamo responde a una pérdida del poder adquisitivo que, según estimó, ya supera el 40%. Explicó que esta situación es consecuencia de incrementos salariales otorgados por debajo de la inflación desde fines de 2023, además de los mayores descuentos que afrontan los trabajadores por aportes extraordinarios destinados a la Caja de Jubilaciones y a la obra social.

"Hoy estamos aportando más del 30% de nuestro salario en obra social y en la Caja de Jubilaciones", afirmó Sabas, al describir el impacto que esas deducciones tienen sobre los ingresos del sector.

El dirigente también comparó la situación actual con la crisis salarial que atravesaron los judiciales durante la década de 1990, aunque aseguró que el escenario vigente es aún más crítico. Según indicó, la pérdida acumulada del poder adquisitivo convierte a este conflicto en uno de los más severos que ha vivido el sector desde el retorno de la democracia.

En relación con los descuentos aplicados por los días de paro, Sabas sostuvo que se trata de una medida "inconstitucional" y con un claro carácter disciplinario. Afirmó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga no debería generar perjuicios económicos para los trabajadores y consideró que la decisión oficial busca desalentar la protesta, profundizando el conflicto en lugar de acercar posiciones.

Como respuesta a esa situación, el gremio convocó a un paro de 24 horas que, según la conducción sindical, registró un alto nivel de acatamiento en toda la provincia, especialmente en las sedes judiciales del interior.

Además del reclamo por la recomposición salarial, los trabajadores exigen el cumplimiento de la segunda cuota del acuerdo de equiparación con la Justicia Federal, firmado el año pasado y que, aseguran, aún no fue efectivizado.

Finalmente, Sabas confirmó que el gremio rechazó por insuficiente la última propuesta presentada en la Secretaría de Trabajo y adelantó que buscarán reabrir las negociaciones para obtener una oferta superadora. Entre los planteos centrales también figura la restitución de las sumas descontadas a los empleados que participaron de las medidas de fuerza, al considerar que fueron retenidas por el ejercicio de un derecho constitucional.