La Municipalidad responsabiliza a una cooperativa por el conflicto con los carreros en Córdoba

El secretario municipal Gabriel Martín salió a aclarar la situación en torno al conflicto con los carreros y la aplicación de la ordenanza 10.907, que prohíbe la circulación de carros tirados por caballos en la ciudad de Córdoba y establece un esquema de reconversión laboral mediante la entrega de motovehículos o kits de herramientas.

El funcionario aseguró que la Municipalidad mantiene un trabajo coordinado con 23 cooperativas de la economía circular y remarcó que el único inconveniente se presenta con la Cooperativa de la Igualdad. Según afirmó, los problemas responden exclusivamente a incumplimientos de la conducción de esa organización y no a los trabajadores que integran el sector.

Martín explicó que las motocicletas destinadas a reemplazar la tracción a sangre estaban disponibles para ser entregadas desde febrero. Sin embargo, indicó que el proceso quedó paralizado porque la cooperativa no presentó la documentación requerida, entre ella la nómina definitiva de los 25 beneficiarios junto con los carnés de conducir correspondientes. Además, señaló que la entidad tampoco cumplió con las rendiciones mensuales de cuentas exigidas por el programa municipal.

El secretario recordó que en marzo ambas partes firmaron un acta acuerdo en el Palacio Municipal, mediante la cual las autoridades de la cooperativa reconocieron las irregularidades y se comprometieron a corregirlas en un plazo de 30 días. No obstante, aseguró que los incumplimientos continuaron y que, como consecuencia, el Ente de Servicios y Obras Públicas (COyS) notificó el pasado 8 de junio la rescisión definitiva del convenio.

Durante la entrevista, Martín también cuestionó el accionar de la conducción encabezada por César Gallardo. Según relató, durante una manifestación realizada frente a un Centro de Participación y Convivencia (CPC), personal municipal intentó realizar un censo para verificar que quienes participaban de la protesta coincidieran con el padrón de beneficiarios del programa. Sin embargo, sostuvo que el propio dirigente impidió que el relevamiento pudiera concretarse.

A ello sumó otra presunta irregularidad administrativa: afirmó que la cooperativa mantiene desde hace más de un año una deuda vinculada a la inscripción obligatoria en el Registro de Operadores y Transportistas de la Economía, situación que, según indicó, también impide avanzar con distintos beneficios previstos para sus asociados.

Frente a este escenario, la Municipalidad ratificó que no continuará financiando ni articulando acciones con la Cooperativa de la Igualdad hasta que regularice toda la documentación exigida, en igualdad de condiciones con el resto de las organizaciones que participan del programa.

Finalmente, Martín insistió en que el conflicto no está dirigido contra los carreros, sino contra quienes administran la entidad. "Nuestro problema no es con los carreros en sí, sino con quienes conducen la cooperativa, porque terminan perjudicando a sus propios asociados", afirmó. Asimismo, destacó que numerosos trabajadores independientes ya completaron con éxito su proceso de reconversión laboral mediante la entrega de kits de herrería, desmalezado y otras herramientas, dejando atrás la tracción a sangre conforme a lo establecido por la normativa municipal.