Maqueda cuestionó la política de seguridad provincial y pidió una reforma integral
En el marco de una creciente ola de hechos delictivos en barrios de la capital provincial, el legislador Gregorio Hernández Maqueda expresó su preocupación por la situación de inseguridad y cuestionó con dureza la gestión actual. Tras participar de un abrazo solidario en el Arco de Córdoba junto a vecinos de Empalme, Mitre y Villa Argentina, describió un escenario de “falta de ley” y “angustia social”.
Durante una entrevista radial, sostuvo que “Córdoba está detonada en términos de inseguridad” y aseguró que existe una sensación de abandono por parte del Estado. Según planteó, la reiteración de robos y la rápida liberación de delincuentes han profundizado el malestar social y generado una creciente movilización vecinal que exige mayor firmeza judicial y respuestas concretas.
Maqueda señaló que la solución requiere el funcionamiento coordinado de dos ejes centrales: prevención e investigación, por un lado, y aplicación efectiva de sanciones, por otro. En ese sentido, instó al Poder Judicial a aplicar la ley “con todo el peso”, sin distinciones.
El legislador también apuntó contra el Ejecutivo provincial, al que acusó de mantener una “actitud autoritaria” por no convocar a la oposición para debatir propuestas alternativas en materia de seguridad. “Si el gobernador no escucha las propuestas de la oposición porque cree que solo él tiene las respuestas, no estamos en una democracia plena”, afirmó.
Entre las iniciativas que impulsa en la Unicameral, mencionó la derogación de la actual ley de seguridad, la reunificación de la fuerza en una única Policía provincial mejor remunerada y capacitada, y una reforma del Código de Convivencia que incluya la prohibición de los denominados “naranjitas” y limpiavidrios, además de la restitución de la figura del merodeo como herramienta preventiva.
Pese a los cruces sobre el impacto del contexto social y económico en la problemática delictiva, Maqueda aseguró que mantiene su disposición al diálogo, aunque condicionó esa posibilidad a un cambio de rumbo en las políticas de seguridad por parte del Gobierno provincial.
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