Sosa apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia por la falta de transparencia en Villa María

En una entrevista concedida a Córdoba Federal, el concejal de Uniendo Villa María, Manuel Sosa, formuló duras críticas contra la gestión municipal y el funcionamiento de la Justicia local, al sostener que la oposición enfrenta serias dificultades para ejercer su función de control debido a la falta de acceso a la información pública.

El edil afirmó que, desde que su espacio obtuvo representación en el Concejo Deliberante hace 30 meses, el Ejecutivo municipal no respondió ninguno de los pedidos de informe impulsados por la bancada. Según explicó, esta situación impide conocer datos oficiales sobre distintas políticas públicas y limita la posibilidad de controlar la administración de los recursos municipales.

Como ejemplo, Sosa mencionó el arancelamiento de los jardines maternales implementado a comienzos de este año. Indicó que, ante la ausencia de información oficial por parte del área de Educación, el bloque realizó un seguimiento propio que, según aseguró, refleja una disminución cercana al 25% en la matrícula de esos establecimientos. El concejal advirtió que esta situación podría derivar en un aumento de la deserción escolar temprana y cuestionó el discurso del oficialismo, al considerar que la realidad social no coincide con la imagen que busca transmitir la gestión.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente vecinalista también cuestionó el desempeño de la Justicia. Señaló que el bloque presentó diversas denuncias por presuntas irregularidades administrativas que, según afirmó, no registran avances significativos.

Entre ellas, recordó una denuncia penal presentada hace más de un año por la contratación directa de empresas encargadas del mantenimiento de espacios verdes, las cuales —según sostuvo— estarían vinculadas al domicilio particular de un funcionario municipal.

Asimismo, hizo referencia a una auditoría interna realizada al inicio de la actual administración que, de acuerdo con sus declaraciones, detectó un faltante de 5.500 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones corresponderían a dinero en efectivo y cheques.

Finalmente, Sosa también cuestionó las demoras en la resolución de los recursos de amparo vinculados al acceso a la información pública, al señalar que muchos de ellos permanecen durante años en el Tribunal Superior de Justicia. En ese marco, sostuvo que la combinación entre la falta de respuestas del Ejecutivo y la lentitud judicial dificulta el cumplimiento del rol de control que corresponde a la oposición en el Concejo Deliberante.