Taxistas advierten que la nueva ordenanza no alcanza y reclaman más controles al transporte ilegal

La aprobación de la nueva ordenanza municipal que regula el transporte público y privado de pasajeros no logró despejar la preocupación del sector de los taxis. Así lo manifestó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Miguel Arias, quien advirtió que, si bien la normativa incorpora algunos cambios positivos para los propietarios de licencias, no resuelve los principales problemas que enfrentan los trabajadores.

El dirigente reconoció que la ordenanza responde a reclamos históricos vinculados a la actividad, aunque consideró que su efectividad dependerá del cumplimiento de los controles. En ese sentido, cuestionó la falta de fiscalización sobre el transporte ilegal y las plataformas digitales de viajes, a las que responsabilizó por profundizar la crisis del sector.

Arias explicó que las aplicaciones obligan a muchos conductores a aceptar tarifas entre un 40% y un 50% inferiores a las establecidas por el cuadro tarifario oficial, una situación que calificó como insostenible para quienes dependen de la recaudación diaria. "La ordenanza puede ser la mejor, pero si no se hacen los controles necesarios, es letra muerta", afirmó.

Otro de los aspectos cuestionados fue la ampliación de la edad máxima para conducir, que ahora se extiende entre los 70 y 76 años. Para el dirigente, la medida resulta contradictoria con el régimen jubilatorio vigente y refleja las dificultades económicas que atraviesan quienes continúan trabajando al volante.

El impacto de la crisis también se refleja en la actividad diaria. Según Arias, un chofer que años atrás realizaba entre 25 y 30 viajes por turno de 10 a 12 horas, hoy apenas alcanza entre 10 y 12 servicios, lo que representa una caída cercana al 50% en el nivel de trabajo.

La retracción también quedó evidenciada en la cantidad de vehículos en circulación. De acuerdo con los datos aportados por el gremio, el parque de taxis pasó de unas 3.900 unidades a aproximadamente 2.300, mientras que el servicio de remises sufrió una disminución aún mayor, al descender de 2.700 a cerca de 500 vehículos activos.

Finalmente, Arias señaló que cada vez resulta más difícil conseguir choferes dispuestos a cumplir extensas jornadas laborales por ingresos que pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Por ello, instó al municipio a reforzar los controles en la vía pública para combatir la competencia ilegal y garantizar condiciones de trabajo equitativas para quienes desarrollan la actividad dentro del marco regulatorio.

"Sin presencia del Estado en las calles, cualquier ordenanza pierde efectividad", concluyó el dirigente, al insistir en la necesidad de una fiscalización permanente para recuperar la competitividad y preservar las fuentes de empleo del sector.