Trotta cuestionó la reforma laboral y advirtió sobre la falta de políticas sociales para abordar la

Nicolás Trotta planteó duras críticas al proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso nacional. Según sostuvo, la iniciativa no apunta a resolver el problema estructural de la informalidad en Argentina, sino que avanza en un esquema que debilita derechos laborales, en un contexto donde casi la mitad de los trabajadores se encuentra fuera del sistema formal.

En ese sentido, fue especialmente crítico con el tratamiento de los trabajadores de plataformas digitales. Para Trotta, la normativa en debate implica una “legalización de la precarización laboral”, al no establecer incentivos ni obligaciones claras para que las grandes corporaciones globales registren a sus empleados. “Son empresas con altísima rentabilidad que operan sin responsabilidades laborales”, afirmó, y contrastó esta situación con experiencias de países como México y España, donde se implementaron marcos regulatorios para proteger a estos trabajadores.

Frente a las reformas de carácter general, el exfuncionario reivindicó el rol de los convenios colectivos de trabajo como herramienta central para atender las particularidades de cada sector. Como ejemplo, mencionó el caso del sindicato SMATA en Córdoba, donde —según explicó— los acuerdos permiten respuestas diferenciadas según la actividad y el tamaño de las empresas, resguardando tanto a las grandes terminales como a las pymes.

Trotta también se refirió al debate por la baja en la edad de imputabilidad, al que calificó como un “atajo” frente a problemas complejos. Si bien reconoció la responsabilidad de los adolescentes por sus actos, remarcó que el Código Penal no previene el delito y que la respuesta debe centrarse en políticas integrales.

En esa línea, señaló dos ejes fundamentales: el fortalecimiento de las políticas socioeducativas, con escuelas abiertas y propuestas deportivas y culturales que acompañen las trayectorias escolares, y la reinversión en infraestructura e instituciones de menores para garantizar procesos reales de reinserción y evitar la reincidencia.

Finalmente, Trotta cuestionó el “ajuste sin precedentes” del Estado nacional en áreas sensibles como educación y políticas sociales, y advirtió que esta situación traslada a las provincias la responsabilidad de gestionar problemáticas complejas sin los recursos necesarios.