El tributarista Marcos Sequeira analizó en diálogo con Cadena 3 las propuestas del Gobierno y explicó que el Ejecutivo busca una simplificación de los impuestos mediante la eliminación de unos 20 tributos de pequeña recaudación.
Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales, el Gobierno redactó las reformas laboral y tributaria, con la intención de presentarlas en diciembre en la Cámara de Diputados. Se prevé que, nuevamente, se realizaran sesiones extraordinarias en el Congreso.
Los proyectos se tratarán con la nueva conformación legislativa, donde el oficialismo nacional tendría un tercio en ambas cámaras, acercándose al número necesario para aprobar leyes sin depender de la oposición. Sin embargo, el Ejecutivo debe mantener contactos con algunos aliados provinciales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que existe una voluntad del Gobierno para alcanzar consensos y modificar la ley de Contrato de Trabajo, así como las reformas tributarias. "Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita", afirmó.
El tributarista Marcos Sequeira analizó en diálogo con Cadena 3 las propuestas de reforma tributaria anunciadas por el Gobierno nacional, que se presentan en conjunto con la reforma laboral como "dos caras de la misma moneda" para atraer inversión y reducir el costo Argentina.
Sequeira explicó que el Ejecutivo busca una simplificación de los impuestos mediante la eliminación de unos 20 tributos de pequeña recaudación, aunque no se han especificado cuáles. Entre las posibilidades, mencionó el impuesto a los bienes personales. La simplificación incluiría la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y de las tasas municipales sobre la actividad económica, conocidas como tasa de comercio e industria.
En su reemplazo, se propone un nuevo esquema de IVA: un IVA federal con alícuota entre el 8% y el 9%, y un IVA provincial cuya alícuota la fijaría cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto generaría "competencia fiscal", permitiendo que las empresas elijan radicarse en una jurisdicción según esa alícuota. La Nación seguiría cobrando la totalidad del IVA (federal y provincial) y transferiría automáticamente la porción provincial a cada distrito, que a su vez la coparticiparía con los más de 2.000 municipios.
"El impuesto al ingreso bruto significa en general, en la Argentina, entre un 75 y un 80% de lo que recauda" una provincia como Córdoba, indicó Sequeira a Cadena 3, destacando que su eliminación representa "el mayor desafío" por la dependencia de las provincias en la coparticipación.
Respecto al "régimen de inocencia fiscal" o "tapón fiscal", el proyecto en Diputados implicaría que el Gobierno solo pueda fiscalizar la última declaración jurada presentada del impuesto a las ganancias, reduciendo la prescripción de 5 años (para inscritos) y 10 años (para no inscritos) a 3 años. Esta opción sería solo para personas humanas con ingresos anuales inferiores a 100.000 millones de pesos y patrimonio neto inferior a 10.000 millones de pesos.
Sequeira señaló que se reduciría el impuesto sobre jubilaciones y empleados en relación de dependencia, modificando alícuotas e incluso con exenciones. Recordó que, según un fallo de la Corte Suprema, los ingresos por jubilaciones y pensiones no están alcanzados por ganancias, pero cada jubilado debe demandar para obtenerlo. Además, el gobierno derogaría algunas leyes de fomento con tratamientos especiales en ganancias.
Para incluir a más contribuyentes y blanquear la economía, Sequeira enfatizó la necesidad de simplificar las obligaciones tributarias, ya que "el régimen tributario argentino es inentendible" incluso para especialistas con más de 45 años de experiencia. Argentina tiene "una de las mayores" presiones fiscales del mundo, junto a un Estado "totalmente ineficiente" en verificación y control.
Propuso reducir impuestos distorsivos como el de débitos y créditos bancarios, pero para ello el Estado debe: ejercer control eficiente sobre grandes contribuyentes (no sobre pequeños comercios); dejar de sancionar moratorias y perdones fiscales; y aplicar la ley penal tributaria y previsional tras su modificación.
